En España, alrededor de 1,5 millones de personas residen en viviendas que no reúnen condiciones mínimas de habitabilidad. No están todas las que son. El estudio excluye las ciudades y pueblos con menos de 50.000 habitantes. (...) A muchos ayuntamientos, les falta un conocimiento suficientemente preciso de la magnitud y de la complejidad del problema.
+Son pobrezas invisibles escondidas tras portales oscuros, vividas como lepras que afean el municipio y sus gentes, y que no se quieren reconocer como propias. Sin embargo, hay que dirigir la mirada hacia estos rincones de nuestros pueblos, que siguen existiendo, tanto o más que las casas adosadas, aunque no aparezcan tanto en películas y series televisivas. Debajo de algunas dejaciones, se esconde un solapado racismo hacia gitanos y trabajadores extranjeros. Hay que emprender acciones decididas para combatir esta forma de exclusión social. En el interior de estos hogares habitan mucha resignación, abandono e impotencia ante el futuro. No son pocos los que ven cómo un día se derrumba una fachada, vuela una parte del tejado o se desploma el water adosado, y, paradójicamente, en lugar de una respuesta solidaria de las instituciones y de los vecinos, se encuentran con una apisonadora legal-burocrática que, lenta, pero inexorablemente, comienza por abrir un expediente y, tras un rosario de trámites, idas y venidas, acaba por la declaración de ruina y el desalojo inmediato.
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La ley, otra paradoja, remata la faena obligando a estos propietarios sin solvencia a hacerse cargo de los costes de demolición de la vivienda. Por supuesto, habiendo impedido antes rehabilitar la vivienda si la reforma suponía más del 50% del coste de la misma.
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Nos encontramos ante una de las dimensiones más graves de la exclusión social, la exclusión residencial, esto es, la incapacidad para acceder a una vivienda digna, que es una necesidad y un derecho social básicos. Una callada violación de la Constitución, que dice que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada" (art. 47). La contradicción no sólo es entre ley y realidad sociológica. La vivienda es lugar de desigualdad social: mientras un millón malvive en infravivienda, un 16% de los ciudadanos posee una segunda vivienda, y aproximadamente el 10% de viviendas está vacío, (...).
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Las políticas generalistas de promoción de vivienda de protección oficial no han servido para las personas que sufren exclusión residencial. Es cierto que han ayudado a paliar algunas formas de exclusión. De hecho, han ayudado a corregir la asimetría entre oferta y demanda para el acceso a la primera vivienda. En el País Vasco, la media de lo que puede pagar un demandante oscila entre 8 y 12 millones y la oferta media de venta se sitúa en la horquilla de 16 a 20 millones. Estas políticas sí están beneficiando a sectores sociales que padecen cierta exclusión social, en particular los jóvenes, que, de hecho, a causa de la precariedad laboral, están retrasando el éxodo del hogar paterno hasta los 30 años. Pero requieren un nivel de ingresos medio que excede las capacidades de adquisición de los sectores sociales más excluidos. Es preciso impulsar específicamente las viviendas de integración social. En particular, la vivienda de alquiler. Hay muy poca disponible a precio asequible.
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Hay experiencias de realojo de infravivienda que no han paliado, sino agudizado, la exclusión social. Han creado guetos. La vivienda de integración social ha de promoverse mucho más, pero debe acompañarse de planes más integrales. Es verdad que hay familias que ven hoy reconocidos sus derechos, gracias a estas intervenciones públicas, con vivienda a precios accesibles, incluso alquileres de 6 eutos al mes. Sin embargo, han persistido diferentes problemas que van estrechamente interrelacionados con la exclusión residencial, como son la pobreza, el paro, el racismo, la desestructuración personal, el fracaso escolar de niños y adolescentes, la desescolarización, el analfabetismo, el tráfico de droga, los problemas de convivencia en el interior de las familias y en comunidades de vecinos; en definitiva, problemas de promoción personal y de integración social que requieren de una actuación más compleja y multidimensional que la mera facilitación del acceso a una vivienda digna.
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No basta proporcionar vivienda asequible a sectores desfavorecidos, sino que esta política debe ser complementada por una intervención comunitaria: programas de formación, empleo y acompañamiento social, en estrecha colaboración con el tejido y las iniciativas sociales. Es la manera en que el acceso a la vivienda puede ayudar a consolidar los demás derechos sociales fundamentales. En este sentido, es reseñable un acuerdo reciente para la adjudicación de vivienda y apoyo a la integración social. Cáritas se ha comprometido con el Gobierno de Navarra a tramitar la adjudicación de cincuenta viviendas proporcionadas por éste y a realizar una labor de seguimiento de las personas y familias beneficiadas, atender la escolarización de niños, cuidar las condiciones de límpieza e higiene, etcétera.
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El impulso del alquiler de la vivienda vacía es otra de las líneas de actuación ensayadas, pero todavía poco exploradas. Esta iniciativa aprovecha el parque residencial existente, con lo que supone de ahorro urbano y de estímulo de la integración social por cuanto la dispersión de familias y su coexistencia con otras favorece barrios multisociales y multirraciales, evitando la creación de guetos, con gran riesgo de multiplicar la desintegración. Son escasas las instituciones que han ensayado medidas, por ejemplo, de apoyo económico para favorecer estos yacimientos urbanos. Menos es aún la conciencia de responsabilidad del ciudadano propietario de vivienda vacía, quien normalmente suspende el juicio ante lo que es su intocable propiedad privada.
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Qué duda cabe de que las políticas contra la exclusión residencial desbordan las posibilidades presupuestarlas de gran cantidad de municipios. En este sentido, ni por su génesis, ni por su magnitud, ni por los recursos locales, la infravivienda es un problema sólo municipal. No obstante, hay que pedir a la institución municipal que sea la que lidere la inversión y la convergencia de todos los esfuerzos sociales. Una vez más, la realidad reclama iniciativas de partenariado entre lo público y lo social, entre lo municipal y lo supramunicipal, y entre diferentes sectores: vivienda, educación, empleo, bienestar social, etcétera.
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Nos encontramos ante una de las dimensiones más graves de la exclusión social, la exclusión residencial, esto es, la incapacidad para acceder a una vivienda digna, que es una necesidad y un derecho social básicos. Una callada violación de la Constitución, que dice que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada" (art. 47). La contradicción no sólo es entre ley y realidad sociológica. La vivienda es lugar de desigualdad social: mientras un millón malvive en infravivienda, un 16% de los ciudadanos posee una segunda vivienda, y aproximadamente el 10% de viviendas está vacío, (...).
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Las políticas generalistas de promoción de vivienda de protección oficial no han servido para las personas que sufren exclusión residencial. Es cierto que han ayudado a paliar algunas formas de exclusión. De hecho, han ayudado a corregir la asimetría entre oferta y demanda para el acceso a la primera vivienda. En el País Vasco, la media de lo que puede pagar un demandante oscila entre 8 y 12 millones y la oferta media de venta se sitúa en la horquilla de 16 a 20 millones. Estas políticas sí están beneficiando a sectores sociales que padecen cierta exclusión social, en particular los jóvenes, que, de hecho, a causa de la precariedad laboral, están retrasando el éxodo del hogar paterno hasta los 30 años. Pero requieren un nivel de ingresos medio que excede las capacidades de adquisición de los sectores sociales más excluidos. Es preciso impulsar específicamente las viviendas de integración social. En particular, la vivienda de alquiler. Hay muy poca disponible a precio asequible.
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Hay experiencias de realojo de infravivienda que no han paliado, sino agudizado, la exclusión social. Han creado guetos. La vivienda de integración social ha de promoverse mucho más, pero debe acompañarse de planes más integrales. Es verdad que hay familias que ven hoy reconocidos sus derechos, gracias a estas intervenciones públicas, con vivienda a precios accesibles, incluso alquileres de 6 eutos al mes. Sin embargo, han persistido diferentes problemas que van estrechamente interrelacionados con la exclusión residencial, como son la pobreza, el paro, el racismo, la desestructuración personal, el fracaso escolar de niños y adolescentes, la desescolarización, el analfabetismo, el tráfico de droga, los problemas de convivencia en el interior de las familias y en comunidades de vecinos; en definitiva, problemas de promoción personal y de integración social que requieren de una actuación más compleja y multidimensional que la mera facilitación del acceso a una vivienda digna.
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No basta proporcionar vivienda asequible a sectores desfavorecidos, sino que esta política debe ser complementada por una intervención comunitaria: programas de formación, empleo y acompañamiento social, en estrecha colaboración con el tejido y las iniciativas sociales. Es la manera en que el acceso a la vivienda puede ayudar a consolidar los demás derechos sociales fundamentales. En este sentido, es reseñable un acuerdo reciente para la adjudicación de vivienda y apoyo a la integración social. Cáritas se ha comprometido con el Gobierno de Navarra a tramitar la adjudicación de cincuenta viviendas proporcionadas por éste y a realizar una labor de seguimiento de las personas y familias beneficiadas, atender la escolarización de niños, cuidar las condiciones de límpieza e higiene, etcétera.
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El impulso del alquiler de la vivienda vacía es otra de las líneas de actuación ensayadas, pero todavía poco exploradas. Esta iniciativa aprovecha el parque residencial existente, con lo que supone de ahorro urbano y de estímulo de la integración social por cuanto la dispersión de familias y su coexistencia con otras favorece barrios multisociales y multirraciales, evitando la creación de guetos, con gran riesgo de multiplicar la desintegración. Son escasas las instituciones que han ensayado medidas, por ejemplo, de apoyo económico para favorecer estos yacimientos urbanos. Menos es aún la conciencia de responsabilidad del ciudadano propietario de vivienda vacía, quien normalmente suspende el juicio ante lo que es su intocable propiedad privada.
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Qué duda cabe de que las políticas contra la exclusión residencial desbordan las posibilidades presupuestarlas de gran cantidad de municipios. En este sentido, ni por su génesis, ni por su magnitud, ni por los recursos locales, la infravivienda es un problema sólo municipal. No obstante, hay que pedir a la institución municipal que sea la que lidere la inversión y la convergencia de todos los esfuerzos sociales. Una vez más, la realidad reclama iniciativas de partenariado entre lo público y lo social, entre lo municipal y lo supramunicipal, y entre diferentes sectores: vivienda, educación, empleo, bienestar social, etcétera.
