En los últimos tiempos, la opinión pública y la publicada se preguntan que está pasando en las filas sacerdotales católicas para que los escándalos de abusos de menores sean continuos. La jerarquía católica debería exponerlos y no esconder la podredumbre bajo una alfombra tejida con indemnizaciones millonarias o acuerdos fuera de los tribunales. Pero ahora también se enfrenta a casos de 
genocidio.
genocidio..
El Tribunal Penal Internacional que juzga el exterminio de una etnia ruandesa, en tres meses de una triste primavera del año 1994, acaba de condenar a quince años de prisión a un cura católico por crímenes contra la humanidad. La sala tuvo en cuenta su condición de sacerdote como agravante, ya que la confianza que emanaba de esa condición fue traicionada sin misericordia. En el ataque y demolición de su propia parroquia, atestada de refugiados de la etnia masacrada, se comprobó que condujo a las fuerzas asaltantes hacia las paredes más débiles y animó al conductor de una excavadora a llevar a cabo su demolición. Aunque es verdad que se entregó voluntariamente al tribunal después de conocer los cargos que se le imputaban, también lo es que en ese momento ejercía de cura en Italia con una identidad falsa; por lo que evidentemente, algo tenía que ocultar. A pesar de presentar veinticuatro testigos en su favor, la sala decidió, más allá de toda duda razonable, que el cura era culpable.
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¿Qué clase de odio oculto puede embargar a alguien que afirma haber consagrado su vida al servicio a los demás y en especial a los más necesitados y débiles para cometer semejantes actos? Una explicación es el deseo de sobrevivir. No todos tienen madera de mártires. Sin embargo, si ese hubiera sido el caso, seguro que la sala lo habría considerado un atenuante o incluso una eximente de responsabilidad por estado de necesidad.
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En todas las organizaciones compuestas por seres humanos, tanto religiosas como civiles y militares, se cometen delitos. La clave está en desmarcarse de ellos de forma clara y transparente para que los actos de unos no contaminen al resto de la institución. Afortunadamente, con los medios de vigilancia que posee la sociedad hoy en día, los lados oscuros se tornan públicos y la actuación justa, coherente y ajustada a derecho se vuelve cada vez más imperiosa si la credibilidad de una organización y, por ende su existencia, quieren mantenerse a lo largo del tiempo. Además, nunca lo olvidemos, de constituirse en un imperativo categórico para las víctimas.
El Tribunal Penal Internacional que juzga el exterminio de una etnia ruandesa, en tres meses de una triste primavera del año 1994, acaba de condenar a quince años de prisión a un cura católico por crímenes contra la humanidad. La sala tuvo en cuenta su condición de sacerdote como agravante, ya que la confianza que emanaba de esa condición fue traicionada sin misericordia. En el ataque y demolición de su propia parroquia, atestada de refugiados de la etnia masacrada, se comprobó que condujo a las fuerzas asaltantes hacia las paredes más débiles y animó al conductor de una excavadora a llevar a cabo su demolición. Aunque es verdad que se entregó voluntariamente al tribunal después de conocer los cargos que se le imputaban, también lo es que en ese momento ejercía de cura en Italia con una identidad falsa; por lo que evidentemente, algo tenía que ocultar. A pesar de presentar veinticuatro testigos en su favor, la sala decidió, más allá de toda duda razonable, que el cura era culpable.
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¿Qué clase de odio oculto puede embargar a alguien que afirma haber consagrado su vida al servicio a los demás y en especial a los más necesitados y débiles para cometer semejantes actos? Una explicación es el deseo de sobrevivir. No todos tienen madera de mártires. Sin embargo, si ese hubiera sido el caso, seguro que la sala lo habría considerado un atenuante o incluso una eximente de responsabilidad por estado de necesidad.
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En todas las organizaciones compuestas por seres humanos, tanto religiosas como civiles y militares, se cometen delitos. La clave está en desmarcarse de ellos de forma clara y transparente para que los actos de unos no contaminen al resto de la institución. Afortunadamente, con los medios de vigilancia que posee la sociedad hoy en día, los lados oscuros se tornan públicos y la actuación justa, coherente y ajustada a derecho se vuelve cada vez más imperiosa si la credibilidad de una organización y, por ende su existencia, quieren mantenerse a lo largo del tiempo. Además, nunca lo olvidemos, de constituirse en un imperativo categórico para las víctimas.
